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Este jueves la Universidad Católica presentó una demanda contra el Estado de Chile por incumplimiento de la ley, luego que el gobierno eliminara a través de la ley de presupuestos el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) establecido por ley para las universidades que reciben a los 27.500 mejor puntajes de la PSU. En El Demócrata te relatamos cómo la mejor universidad del país —según el ranking QS— y cuarta en America Latina terminó demandando al Estado, debido a la gestión del gobierno y el incumplimiento de sus compromisos.

FOTO: FELIPE GUARDA/AGENCIAUNO

El rector de la Pontificia Universidad Católica, doctor Ignacio Sánchez, ha mantenido las luces de alerta durante el proceso de reformas al sistema de educación superior implementado por la Nueva Mayoría. Ha sido crítico de la forma en que se inició la gratuidad —vía ley de presupuesto—, de la disminución de recursos para las universidades, su impacto en los presupuestos internos y ha hecho frente al cuestionamiento permanente que se hace al valor público de las universidades privadas.

El líder del G9 ha mantenido movilizados a los rectores de las privadas tradicionales y hoy da un nuevo golpe a la gestión de Eyzaguirre y Delpiano en Educación: los demanda por eliminar de forma arbitraria el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), mecanismo creado a través del DFL 4 de 1981 y que financia la demanda, es decir, la elección de los estudiantes.

Si bien la UC presentó la demanda esta semana, el conflicto inició cuando en octubre de 2015 la diputada Camila Vallejo (PC) y la bancada comunista, en línea con las propuestas del movimiento estudiantil, propuso eliminar por completo el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y que los $25 mil millones asignados hasta 2015 se distribuyeran en políticas “más inclusivas”.

Es así como durante la tramitación de la ley de presupuestos 2016, el gobierno de la Nueva Mayoría adoptó dicha medida, pero reduciendo el AFI a la mitad y utilizando el resto de los fondos para financiar gratuidad y becas, hecho que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, calificó como un “anhelo histórico”.

Asimismo, el ministerio de Educación anunció el envío de un proyecto de ley para eliminar por completo el AFI, en el marco de la reforma a la educación superior. Debate que no se ha dado en el parlamento. 

Compromiso del Estado

En tanto, con el fin de que las universidades no se vean perjudicadas por la reducción del AFI, el ministerio de Educación se comprometió a “suplementar los recursos, en lo que fuere necesario“, para asegurar que esto no afecte negativamente los ingresos que cada universidad del CRUCh le tocará recibir en 2016.

Según consta en la discusión de la ley de presupuesto para 2017, el rector de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso y representante del “G-9”, señor Claudio Elórtegui, criticó la ausencia de mecanismos par subsanar la merma que generaría la eliminación del AFI. Preocupación que reforzó el senador Ignacio Walker (DC), quien solicitó al gobierno estudiar la forma de cumplir con el mandato legal de otorgar el Aporte Fiscal Indirecto.

En tanto, el senador Hernán Larraín criticó que estas definiciones se realizaran a través de la ley de presupuesto. “Esta es una discusión de la máxima relevancia que tiene que ser debatido en su mérito, esto es, en una reforma legal destinada específicamente al efecto y no como consecuencia de una glosa de la referida iniciativa legal”, declaró.

Ante los cuestionamientos, la ministra Delpiano lamentó que “una discusión tan de fondo como ésta, finalmente, por razones de tiempo, se cruce con la el proyecto de ley de presupuestos, el que tiene que estar en línea con lo que se debate“. Pasando por alto el mandato legal.

Finalmente, con 8 votos favor, dos en contra y 3 abstenciones, la Comisión Especial Mixta de Presupuesto aprobó la glosa de Educación y el proyecto pasó a las Salas. El gobierno eliminó del fondos del AFI, y redistribuyó dichos recursos en el Consejo de Rectores (Cruch) en base a dos criterios: que el plantel sea estatal o regional.

Esto, sin tomar en cuenta que el DFL 4 del Mineduc establece como obligación del Estado otorgar anualmente dichos recursos a las universidades que reciben a los 27.500 mejores puntajes de la PSU.

UC pierde $1.700 millones y demanda al Estado

Tras conocer la ley de presupuestos 2017 —en una reunión del Concejo de Rectores (Cruch) en noviembre 2016— el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, amenazó con tomar acciones legales por la pérdida del AFI. Es así, como este 5 de enero la UC interpuso una demanda contra el Estados de Chile, por “incumplimiento de la ley”.

Con dicha medida, la Universidad Católica perdió los recursos que recibía por AFI, monto que asciende a $ 1.700 millones. El resto se distribuye entre las demás universidades que reciben los mejores puntajes PSU.

La explicación de Sánchez

En un correo enviado a los miembros del Honorable Consejo Superior —al cual El Demócrata tuvo acceso— Ignacio Sánchez explica que “por medio de esta demanda queremos, como universidad, hacer presente el incumplimiento en que ha caído el Estado de Chile respecto de una normativa plenamente vigente“.

En esa línea, el rector de la UC sostiene que “nos parece extraordinariamente grave que se establezca un precedente de esta naturaleza en materia de Educación Superior, por cuanto ello comprometería de manera seria el desarrollo futuro del conjunto del sistema”.

En tanto, Sánchez expresa que “no ha sido fácil emprender esta demanda (…) la que hemos interpuesto solo una vez que se agotaron todas las instancias de diálogo con las diversas autoridades y actores, y luego de hacer referencia pública a esta posibilidad”.

“Hemos incurrido en esta acción después de comprender que los compromisos oficiales contraídos por dos ministros de Educación del actual gobierno con el Consejo de Rectores, en torno a la estabilidad presente y futura de los recursos, con independencia de los mecanismos de su asignación, no se han cumplido”, agrega la autoridad universitaria.

Delpiano se defiende

Sobre la demanda, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró este viernes que “el tema concreto es que la ley de Presupuesto es la que fija los montos que se reparten anuales. Esto está en una ley, lo que está reclamando la Universidad Católica hoy está en una ley aprobada por todos los sectores políticos, que es la ley de Presupuesto, es todo lo que puedo decir“, constató Emol.