Hasta la Contraloría General de la República llegó el diputado José Antonio Kast (IND) para presentar una solicitud de pronunciamiento firmado junto a al diputados Arturo Squella (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI), que solicita declarar ilegal el acuerdo alcanzado entre el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en el cual el gobierno de la Presidente Bachelet prometió una serie de medidas para impulsar la agenda LGBTI en Chile, ya que este vulneraría el Estado de Derecho.

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Diputado José Antonio Kast (IND) junto al abogado de Comunidad y Justicia, Tomás Henríquez

Luego que el Estado de Chile —tras una resolución de la Corte de Apelaciones, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema— se negara casar a una pareja del mismo sexo, pues el matrimonio es entre un hombre y una mujer, en 2012 el Movilh presentó una denuncia ante el CIDH por discriminación, amparados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Para evitar un juicio en la CIDH, en junio de este año, el Movilh y el Gobierno de Michelle Bachelet firmaron un acuerdo de resolución amistosa en que el Estado de Chile se comprometía a mejorar y adecuar sus políticas públicas y legislación para garantizar los derechos de las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), lo que significó un compromiso explícito con el matrimonio homosexual y otras materias.

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Ilegalidad del acuerdo Movilh-Bachelet

Según parlamentarios de Chile Vamos, este acuerdo pasa a llevar las sentencias de la Corte de Apelaciones, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, es firmado por ministros que no tienen competencias para hacerlo y además, se hace fuera de los requisitos exigidos por la ley, razón por la cuál piden a Contraloría pronunciarse sobre este acto de gobierno.

Según explica el diputado José Antonio Kast, "Aquí el gobierno ha vulnerado el Estado de Derecho que nos rige, al desconocer sentencias del máximo tribunal sobre la materia en disputa —matrimonio—, frente a una presentación que hacen particulares a la CIDH planteando que sus derechos fueron vulnerados en Chile".

Por otro lado, enfatizó en que el gobierno llegó a un acuerdo extrajudicial, "siendo esa una facultad no está dentro de la facultad de los ministros".

Kast (IND): "Aquí están primado las ideologías antes que las leyes"

El texto plantea además que el gobierno, en vez de ofrecer una defensa jurídica ante una denuncia interpuesta contra el Estado de Chile –que es lo que debe hacer–, decidió allanarse y conceder incluso más de lo que los reclamantes solicitaban. "Esto es, a todas luces, una renuncia al deber de defender la soberanía y un daño no menor a la institucionalidad del país", afirma.

"El gobierno se dejó ganar y eso no puede ser, porque le resta seguridad jurídica. Además, atenta contra la igualdad ante la ley, contra el estado de derecho. Aquí están primado las ideologías ante las leyes", agregó el parlamentario.

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