Para Tomás Henríquez, director ejecutivo de la ONG "Comunidad y Justicia", la “solución amistosa” alcanzada entre el gobierno de Chile, el Movilh y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "no puede ser calificado sino como una farsa". Según afirma, en el sistema interamericano, aceptar una solución amistosa como la de este caso implica reconocer que Chile ha violado los derechos humanos, y que por lo mismo busca llegar un acuerdo que respete los mismo. "El problema radica en que aquí no ha existido violación, y no es posible concluir, contra el derecho vigente, que Chile incurre en responsabilidad por no reformar la institución matrimonial".

Para el abogado y LLM in International Legal Studies with a certificate in Human Rights Law, Georgetown University, desde el punto de vista del Estado de Derecho, que el gobierno se niegue a defender una expresión de la soberanía como lo es la definición del matrimonio entre un hombre y una mujer consagrada en nuestro derecho "es constitutivo de una traición al deber de todos los chilenos de defender la soberanía nacional ­–como lo exige el artículo 22 de la Constitución– y un actuar abiertamente contrario a la Constitución". 

Según explica, "el gobierno de Chile no tiene la potestad jurídica de determinar si ha existido o no una violación de derechos humanos, pues esa determinación le cabe exclusivamente a los tribunales de justicia, y le está expresamente vedado a los demás poderes revisar el fundamento o contenido de sus fallos, conforme al artículo 76 de la Constitución".

Cabe destacar que la constitucionalidad y coherencia con los tratados de derechos humanos de la definición del matrimonio ha sido revisada en al menos una decena de ocasiones por los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional, y en todos los casos se ha reafirmado que no existe obligación de modificar el matrimonio; y que si alguna fuerza política pretende que esto cambie, el lugar apropiado para dicha propuesta es a través del debate legislativo.

"Que el gobierno desconozca las decisiones del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, buscando comprometer al Estado en el plano internacional en abierta contradicción a las decisiones con cosa juzgada, es una flagrante e inaceptable violación a la Constitución", agrega.

Asimismo, y a nivel internacional, esta misma semana la Corte Europea de Derechos Humanos volvió a reiterar –en el caso Chapin y Charpentier con Francia– que no hay violación del derecho a la no discriminación, a la vida privada y a contraer matrimonio por parte de un Estado que opta por mantener la conformación histórica de la institución.

"El Ejecutivo no puede desconocer estas conclusiones y, rompiendo el actuar unitario del Estado, afirmar todo lo contrario ante la Comisión Interamericana", sentencia Henríquez.

Finalmente, el abogado afirma que el contenido específico del acuerdo que ahora se conoce "hace aún más evidente que el gobierno ha obrado dolosamente, entregando el oro y el moro en circunstancias de que no existe violación de derechos humanos", al ceder, sin causa que le apremie más que la propia agenda política, a “la totalidad de las demandas legislativas y de políticas públicas” del Movilh como grupo de presión.

"Chile no puede ser responsabilizado internacionalmente por no adoptar estas propuestas de ley. No tengo ninguna duda de que el Gobierno tratará de engañar a la población sosteniendo que esta es una obligación a cumplir, y amenazará a los legisladores con lo mismo. Pero lo que ha hecho en este caso es una abierta traición a nuestra soberanía nacional, y violencia contra la institucionalidad", finaliza.

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