Señor director:

01 de Julio de 2016/PUERTO VARAS La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, realiza declaración a los medios de comunicación junto con los los presidentes de los países miembros de la Alianza del Pacífico, que se realizo en el  Hotel El Patagónico de Puerto Varas. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

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Hace un par de días, la opinión pública tomó conocimiento de un hecho insólito: el gobierno de Michelle Bachelet destinó más de 98 millones de pesos a APROFA, una de las tantas filiales abortistas de la ONG internacional Planned Parenthood (IPPF), la que, además, ha sido criticada numerosas veces por el tráfico de órganos de fetos abortados. La transferencia de fondos se da a través del programa de IPPF “Prevención de embarazo y violencia de género en población joven”.

Respecto de la aplicación del programa, de acuerdo a lo indicado en la página web de APROFA, este se está implementando en Ecuador, siendo financiado con el apoyo del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa conjunta de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Chile). La misma iniciativa se desarrolla actualmente en Renca con características similares.

La influencia que Planned Parenthood tiene sobre la ONU, en especial ONU Mujeres, es evidente. Esto importa especialmente porque debemos recordar que Michelle Bachelet desempeñó el cargo de directora ejecutiva de dicha entidad entre los años 2010 y 2013.

Los lazos entre la mandataria e IPPF tienen tal fortaleza que se traducen en millones de pesos que el gobierno debiese destinar a los temas prioritarios para Chile como lo es lo referente a salud o educación. Incluso, en este último aspecto cabe preguntarse: ¿por qué el gobierno afirma reiteradamente que no tiene fondos suficientes para financiar lo que prometió a la ciudadanía, como la gratuidad en educación, pero sí para financiar filiales abortistas extranjeras? Es más, dicho aporte se traduce en una falta de respeto a la institucionalidad chilena: la legalización del aborto aún no es aprobada por el Congreso chileno, no obstante, el gobierno ya lo financia, al menos, de manera indirecta. El Gobierno le debe una explicación a la ciudadanía.

Investigadora @FundJaimeGuzman Comisiones de Trabajo, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente. Ex-Presidente @FEUANDES 2013