La salida de Felipe Bulnes como Agente de Chile en el Juicio con Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), y su reemplazo por José Miguel Insulza, ha sido interpretada como un cambio relevante en la estrategia política (hasta ahora débil) del Estado chileno. Sin embargo, la misión de un Agente es eminentemente jurídica y no tanto política.

FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

De hecho, el rol que hasta ahora ha desempeñado Eduardo Rodríguez, por parte de Bolivia, ha sido bastante sobrio y no ha tenido mucho que ver con la campaña comunicacional, desplegada por el Gobierno de La Paz. Para esto, Bolivia cuenta con un vocero especial, el ex Presidente Carlos Mesa, periodista e historiador.

Sin embargo, no resulta fácil desplegar una estrategia política hacia afuera, si tampoco se la tiene hacia adentro. A diferencia de la población boliviana, que es educada desde la infancia en una determinada narrativa histórica sobre la cuestión marítima, el conjunto de la chilena carece de un conocimiento elemental sobre la historia de nuestras relaciones con Bolivia. La misma Guerra del Pacífico (y sus efectos), se suele enseñar en unas pocas clases, y de manera bastante esquemática.

«A diferencia de la población boliviana, que es educada desde la infancia en una determinada narrativa histórica sobre la cuestión marítima, el conjunto de la chilena carece de un conocimiento elemental sobre la historia de nuestras relaciones con Bolivia» —Valentina Verbal, historiadora.

Dicho lo anterior, salta a la vista que no es fácil llevar adelante una estrategia política sobre la cuestión marítima. Pero esto no significa que no sea posible intentarlo. ¿Qué hacer?

Por de pronto, y como señalo en una columna anterior, refutar la narrativa boliviana a través de algún documento extra-judicial. En concreto, responder seriamente al Libro del mar. El documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, “Chile y la aspiración marítima boliviana. Mito y realidad” (julio de 2014), no se hace cargo del discurso histórico oficial de Bolivia, sino que se reduce a aspectos formales y, especialmente, de carácter económico.

Asimismo, y aunque esta medida parece improbable con el nombramiento referido de Insulza, separar la figura del Agente de la del Vocero. Insulza debería haber sido nombrado en el segundo cargo y no en el primero. Más que el ejercicio de una función técnica, Insulza parece más capacitado para un cargo semejante al que cumple Carlos Mesa en Bolivia.

Por otra parte, hay que valorar como un cambio notable en favor de una defensa más amplia de los intereses de Chile la reciente formación de una comisión de historiadores, coordinada por Joaquín Fermandois, e integrada por destacados especialistas en historia de las relaciones chileno-bolivianas. Esta comisión debería cumplir una doble misión: a) asesorar la defensa jurídica de Chile en la línea de desestimar la supuesta obligación de nuestro país de negociar con Bolivia en torno a una salida soberana al mar; y b) ayudar, justamente, en la respuesta a la narrativa histórica boliviana sobre la cuestión marítima. Si queremos pensar, realmente, en una estrategia política (y no meramente jurídica), la misión de la comisión de historiadores debe tener este grado de integridad.

Finalmente, no hay que olvidar que la teoría que Bolivia plantea en la Corte de La Haya no es defendida —al menos, hasta antes de la demanda— por el conjunto de los historiadores e intelectuales bolivianos, que se han especializado en la aspiración marítima de su país. Una importante tendencia —hoy omitida o silenciada, producto del juicio— refuta la tesis de que Bolivia perdió el mar por culpa de Chile. O, en todo caso, que no lo haya recuperado por una responsabilidad exclusiva de nuestro país.

La tesis de que Bolivia ha sido, en diversas ocasiones, engañada por Chile (por ejemplo, Jorge Escobari Cusicanqui) no resiste ningún análisis serio en términos históricos. Y no son pocos los autores bolivianos que dan cuenta de esto. Un clásico, en esta línea, es Walter Montenegro, quien demuestra que los distintos momentos en que Chile ha negociado con su país en torno a un acceso soberano al mar, constituyen oportunidades perdidas por la misma Bolivia. La estrategia política de Chile —que supone una determinada visión histórica en torno al tema marítimo—, debe nutrirse de un modo especial de esta bibliografía.

Así como la demanda boliviana contra Chile en La Haya se encuentra en pleno desarrollo, lo mismo puede decirse de la llamada “estrategia política”. Se aprecian cambios importantes, pero no todavía resultados concretos. Lo bueno, en todo caso, es que la segunda no depende de terceros, sino de nosotros mismos. Todavía estamos a tiempo para mejorarla.

Historiadora. Consejera de Evópoli y Directora de Investigación de Horizontal.