Los últimos años de nuestro país han visto una creciente hostilidad irreflexiva dirigida en contra de todo lo que de alguna forma este ligado a los chivos expiatorios responsables de todos los males de Chile, como lo son para muchos el gobierno militar y la religión en general. Decimos que es irreflexiva porque muchas de las voces de protesta más potentes a menudo no tienen idea de aquello en contra de lo que protestan y por lo general tienden a rechazar cuestiones no por su contenido o razón, sino por su procedencia. El ejemplo más obvio es el acalorado debate sobre la legitimidad de nuestra Constitución Política, que se concentra en la época de su génesis histórica, pero rara vez se dirige a su contenido concreto. Las razones de por qué esto es así no vienen al caso en esta oportunidad.

01 de Septiembre de 2015/SANTIAGO Detalle de una carpeta del Ministerio de Educación, en las manos de la Ministra de Educación durante el Congreso de Colegios Católicos. Realizado en el Centro de Extensión de la  Universidad Catolica. FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

El último round de ésta lucha sin cuartel se disputa en contra del Decreto 924 del Ministerio de Educación, el que The Clinic ha llamado –con evidente fin de envenenar desde un inicio la discusión– “el decreto de Pinochet” (que para estos efectos es lo mismo que decir que viene del “innombrable”) y procede a criticar, casi exclusivamente, por el hecho de haberse dictado en los años ochenta.

El Decreto 924 efectivamente fue emitido durante el gobierno militar. Sin embargo, su contenido es tal vez uno de los más ejemplares en cuanto su adherencia y respeto a los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional (lo que muestra en particular el desconocimiento inexcusable de parte del abogado de la Sociedad Atea de Chile, quien en el reportaje mentado afirma, sin base alguna, que esto va en contra de las reformas constitucionales y tratados internacionales).

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce de forma expresa la libertad de los padres –entendida como una esfera de acción libre de la coacción e injerencia del Estado– para garantizar o asegurar que sean ellos quienes, conforme a sus propias convicciones, determinen el contenido de la educación de sus hijos, y en particular aquella que es de carácter moral o religiosa.

Al respecto, vale precisar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su artículo 18, utiliza un lenguaje que no se agota en la elección de la religión o creencia del cual depende la educación religiosa, moral y ética. Dicho instrumento reconoce este derecho en términos de garantizar (o en su versión igualmente autorizada en inglés, “to ensure”) que la educación recibida por los hijos o pupilos sea acorde a las convicciones de sus padres. Ello apunta al derecho de estos últimos a ser quienes dirijan la educación moral, ética y/o religiosa de sus hijos de forma tal que se asegure no sólo que la recibirán sino también que el contenido de la misma será el elegido por ellos, con el Estado siendo un co-garante de dichas decisiones familiares.

«El derecho internacional reconoce de forma expresa la libertad de los padres para garantizar o asegurar que sean ellos quienes determinen el contenido de la educación de sus hijos, y en particular aquella que es de carácter moral o religiosa» —Henríquez, Aguilera y Landaeta.

Estos requerimientos resultan también ser necesarios a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 12.4 de dicho tratado recoge expresamente el derecho de los padres o guardianes a “que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus convicciones”. Se entiende por tanto que el derecho sólo se ve satisfecho y resguardado en la medida de que el Estado y sus establecimiento educacionales –directamente obligado por los términos de la Convención– cumplen con proveer contenidos educacionales que a lo menos no perjudiquen o contraríen las convicciones religiosas o morales que los padres quieran inculcar en sus hijos o, más aún, que las faciliten (dado que es el rol del Estado el facilitar y promover el ejercicio de los derechos humanos). Y por supuesto, nada de esto constituye una vulneración de un principio abstracto del Estado “laico” sino que, por el contrario, es una obligación de todos los Estados que respetan los derechos humanos, cuestión que convenientemente muchos preferirían olvidar, al menos respecto de los derechos religiosos.

Esta directriz ha de leerse conjuntamente con el resto del ordenamiento jurídico internacional, que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“PIDESC”) como en el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantizan el derecho de toda persona a recibir educación primaria gratuita y obligatoria (PIDESC art. 13.2.a; Pacto de San Salvador art. 13.3.a). Así las cosas, dado que los padres tienen la obligación de enviar a sus hijos a recibir educación primaria obligatoria provista por el Estado, de igual forma tienen el derecho a exigir que aquella no entre en conflicto con sus decisiones de cómo criar a sus hijos respecto de cuestiones religiosas y morales, y más aún, a que el Estado facilite la misma en sus establecimientos educacionales. Por otra parte, el ejercicio de los derechos humanos no puede verse condicionado al poder adquisitivo personal, por lo que no es aceptable afirmar que para quienes desean educación religiosa siempre tienen la posibilidad de inscribir a sus hijos en colegios confesionales. Consentir a tal proposición resulta jurídicamente inaceptable y traslada la cuestión del plano del derecho al del privilegio para los menos.

Esta lectura se encuentra avalada por la comunidad internacional que desde hace tiempo ya se ha pronunciado en este sentido. La Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación basadas en la Religión o Creencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1981) afirma en forma directa que todo niño tiene derecho al acceso a la educación en materia de religión o creencia de acuerdo a los deseos de sus padres, y no será compelido a recibir enseñanzas religiosas o de creencias en contra de la voluntad de los mismos.

El Comentario General No. 22 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el contenido del artículo No. 18 (1993) ­­–que no es vinculante ni constituye derecho, pero refleja una interpretación autorizada del PIDCP– avalaba ya entonces que la instrucción religiosa en los establecimientos educacionales públicos sólo es inconsistente con los derechos humanos si no se permiten exenciones o alternativas que permitan acomodar los deseos y decisiones de los padres o guardianes en este plano.

Así las cosas, el Decreto 924 en sí, considerado como norma jurídica, es un ejemplo de domesticación o nacionalización de las obligaciones de derechos humanos del Estado de Chile. Es legítimo y justo por su contenido, independiente de su forma y procedencia (a menos que se quiera afirmar que los tratados internacionales —fuente remota— son ilegítimos). La normativa en cuanto tal permite a los padres elegir qué educación religiosa en concreto desean para sus hijos u optar por no recibir ninguna, permitiendo que este esquema de colaboración y promoción beneficie a todos, creyentes o no. Es ejemplar en cuanto busca poner al Estado al servicio de la persona humana, facilitando el ejercicio de la libertad religiosa, expresamente reconocida como derecho por nuestro país y por todo la comunidad internacional.

Dicho todo lo anterior, el problema no es que exista el Decreto 924 sino que se aplique de mala manera en los distintos establecimientos educacionales. El reportaje que nos lleva a escribir estas líneas recoge la experiencia de varios padres que han visto vulnerados sus derechos y los de sus hijos en cuanto, entendemos, han sido forzados a asistir a clases de religión en contra de la voluntad de sus padres o bien han sido perjudicados por la incapacidad del colegio en particular de ofrecer alternativas para quienes optan por no recibir formación religiosa. Esto es, sin duda, inaceptable, y la vulneración en estos casos debe ser reparada. Por lo pronto, lograr tales resultados es parte de nuestra misión como organización defensora de los derechos humanos ofrecemos y estamos al servicio de aquellos papás y mamás que deseen resguardar sus derechos vulnerados y asegurar que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Sin embargo no resulta razonable, prudente ni aceptable ponerle fin al régimen de colaboración que establece el Decreto 924 pues eso significaría una regresión en el disfrute de los derechos humanos básicos que nuestro país se ha comprometido a respetar, proteger y promover, cuestión que ha hecho precisamente por medio del instrumento en cuestión. Adoptar esta medida como curso de acción resultaría en un despropósito –como lo sería intentar realizar cirugía con un machete– especialmente dado que existen otras soluciones (v.gr. dar cumplimiento efectivo al mandato del Decreto) que solucionan la eventual vulneración de derechos de unos, sin dar paso a la vulneración de los derechos de todos, lo que no es ni justo ni necesario.

 

Tomás Henríquez - Cristóbal Aguilera - Natanael Landaeta

Comunidad y Justicia. 

 

 

Abogado. LLM Georgetown. Fulbrighter 2014.