En 2004, el juez español Baltasar Garzón escribió una columna homónima, en la cual daba cuenta de un fenómeno cada vez más frecuente en nuestras sociedades: el “secuestro” del significado de las palabras. Garzón razonaba que “el poder de las palabras, en su lado oscuro, se desarrolla a través de un entramado expansivo y totalitario, que pretende imponer el dominio del significante sobre el significado”. Así, las palabras se transforman en las nuevas armas de poder, de modo tal que los intereses corporativos amplían o restringen la significación de los conceptos según su conveniencia.

Decir que el lenguaje se encuentra secuestrado hoy en día resulta —aparentemente— paradójico, ya que en nuestro tiempo las palabras vienen y van por todos lados, y están sólo a unos clics de distancia, gracias a las redes sociales. Sin embargo, aun cuando todos hagan uso de ellas, en muchas ocasiones lo que ocurre realmente es que el uso de los términos se corresponde con estrategias político-activistas, que buscan imponer su visión.

Ejemplo de lo anterior fue la discusión sobre el aborto que se produjo en ambas cámaras, la semana pasada. Es llamativo que la palabra aborto fuera utilizada como sinónimo de interrupción del embarazo. Ciertamente que ambos conceptos tienen elementos en común, pero no son intercambiables. La voz aborto consiste en poner fin al embarazo con el propósito directo de dar muerte al niño no nacido. En cambio, en la interrupción del embarazo no existe la intención positiva de matar al feto. La diferencia fundamental entre ambos conceptos es si existe o no el propósito de dar muerte al no nacido. Sin embargo, dicha diferencia, no menor, fue totalmente obviada por el proyecto de ley –que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo– y por los parlamentarios. ¿Es inocente la utilización de ambos conceptos como sinónimos? En lo absoluto. Hablar de la interrupción voluntaria del embarazo en vez de aborto, tiene como fin dejar de prestarle atención al niño que está por nacer, deshumanizándolo, volviéndolo un objeto más dentro de una relación jurídica.

Si hablamos de trampas de las palabras, necesariamente debe haber víctimas de éstas, es decir, quiénes se ven perjudicados de algún modo por el engaño. Hace dos semanas, la diputada Claudia Nogueira fue puesta en entredicho, porque se habría practicado supuestamente un aborto retenido. Para la opinión pública, la diputada tendría una doble moral, ya que habría terminado intencionalmente con su embarazo, sin embargo, votó en contra del proyecto presentado por el Gobierno. El desconocimiento de los conceptos y la utilización de éstos como sinónimos produjo que se le hicieran graves imputaciones, totalmente gratuitas, a Nogueira. El aborto retenido –nomenclatura que induce al error en el presente estado de cosas– se produce cuando el feto muere naturalmente dentro del vientre de la madre, pero no ha sido expulsado de éste. No obstante lo anterior, la diputada fue objeto de críticas infundadas, juzgando una situación dolorosa, que en caso alguno importa la disposición de la vida de su hijo.

La columna de Garzón terminaba instando a sus lectores a defender los valores básicos de la dignidad, la libertad, la tolerancia y la democracia. Cuando las palabras son secuestradas por determinados grupos de poder, no sólo la libertad de expresión es la que se ve coartada –puesto que las palabras terminan siendo usadas en el sentido en que un tercero pretende, distinto de su significado natural–, sino también otros bienes significativos, como la intimidad –en el caso concreto de la diputada–, o incluso el mayor de todos, el más elemental para cualquier individuo y cualquier comunidad: la vida del inocente.

Abogado. Comunidad y Justicia