Una de las razones esgrimidas para justificar el inicio del proceso constituyente es una supuesta ilegitimidad de nuestra Carta Magna. Según se dice, al haber sido diseñada en dictadura, sin escuchar las voces disidentes, e impuesta luego por el régimen militar sin una ratificación válida de la ciudadanía, la Constitución del 80 sería espuria de nacimiento. Lo cual es absolutamente cierto.

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En términos generales, una Constitución es un documento establecido y aceptado libremente por los ciudadanos para determinar la naturaleza, la forma y las funciones de sus instituciones políticas. Su importancia radica esencialmente en su reconocimiento de los derechos fundamentales y su definición de los límites a los que el Estado debe sujetarse. Es un cortapisas a la acción del Estado; no, como se pretende a veces, una pauta de lo que éste debería hacer. Y nuestra Constitución cumple bien este rol. El problema es que la ley fundamental de un país (y las leyes en general) debe ser democrática, y la nuestra, al menos en su concepción, no lo es. Pero ese es un problema aparente. Como veremos, la práctica lo ha ido relativizando.

Un país como el nuestro es gobernado por políticos electos democráticamente por la ciudadanía para representarla en los asuntos públicos. La legitimidad de los representantes descansa en la manera como acceden al poder —a través de elecciones abiertas y participativas— y no en el número de personas participan en las elecciones, por bajo que sea. Si un legislador vota de una u otra forma, esa votación es legítima, ya que significa la venia de aquellos a los que el legislador representa. Por el contrario, si la votación careciera de legitimidad, como de un legislador legítimo no puede resultar una votación que no lo sea, tendríamos que concluir, o que el legislador fue escogido fraudulentamente (por lo que su mantención en el cargo sería errónea), o que sus electores no pueden elegir a alguien que los represente, y, por tanto, su elección sería ilegítima. De este modo, debemos reconocer que la votación de un legislador es siempre válida. Ahora, ¿qué ha pasado con la Constitución de 1980? Vemos que en la era democrática ha experimentado sucesivas modificaciones; la más grande, en el año 2005. Más allá del contenido de las reformas, lo que importa es que tras cada una de ellas ha sido expresada la aprobación del mundo político, de los legisladores, y, consecuentemente, de la ciudadanía, hacia la Constitución; se ha producido una democratización. Quien pretenda refutar lo anterior arguyendo que las reformas realizadas son aquellas que la derecha, con su poder de veto, estuvo dispuesta a tolerar, olvida que la democracia es, ante todo, consenso. Es natural que la derecha se oponga a aquellas reformas que contradigan sus intereses y que a su juicio pudieren ser perjudiciales.

«La aprobación de reformas a la Constitución ha producido su democratización» — Gustavo Soto de La Plaza

En síntesis, contamos con una Constitución que ha sido absolutamente legitimada por medio del proceso político. En ella se encuentran los cimientos del progreso social, político y económico que ha vivido nuestro país desde el retorno a la democracia. Chile ha conseguido enormes avances, y aún queda mucho por mejorar. Pero con la lógica de la retroexcavadora no lograremos nada. El gobierno de la Nueva Mayoría se ha caracterizado por los pasos en falso, las incoherencias y la resistencia al diálogo. No escucha a nadie ni está dispuesto a transar; quiere, a toda costa, imponer su programa. Un programa que impactará profundamente de nuestro país y que no lo llevará sino a la miseria. La miseria es, al fin y al cabo, la llave maestra al populismo y la demagogia, cualidades en las que Michelle Bachelet brilla como nadie. El proceso constituyente es otro escalón más en su cometido.

Consejero de Evópoli Arica y Coordinador de Estudiantes por la Libertad Chile.