Desde hace cuatro años, en los álgidos días de las protestas estudiantiles del 2011, que venimos escuchando con creciente fuerza una serie de discursos que cuestionan las bases de la modernización capitalista de los últimos treinta años. Dentro de esta agrupación de discursos destaca una discusión que solo se ha desarrollado de manera tangencial a otras discusiones (por ejemplo la constitucional), y tiene que ver con los fenómenos de la elite y del poder.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

En efecto, frente al anuncio del proceso para una nueva constitución por parte de la presidenta Bachelet, es común encontrar a quienes proclaman “el comienzo del fin de la elite” y la tan anhelada redistribución del poder. No cuestiono que un nuevo texto constitucional pueda dirigir en cierta medida cómo se distribuye el poder en la sociedad, pero no hay manera posible para lograr hacer desaparecer la elite. Puede ser solo un asunto retórico, y quienes hablan del “fin de la elite” se refieren a “esta” (la actual) elite. Aun así, la cuestión central queda incólume y por tanto echar a andar una reflexión al respecto resulta imperativo especialmente en los albores de un proceso constituyente.

Digamos, entonces, que por elite se entiende a aquel subconjunto de la población que tiene acceso al ejercicio de poder de forma política o económica a través de instituciones formales e informales. En las palabras del estadounidense Wright Mills, teórico del poder, las elites son aquellos círculos militares, económicos y políticos que comparten decisiones cuyas consecuencias se extienden a nivel nacional. Dicho lo anterior, las elites presentan dos características fundamentales para el alcance de este análisis.

Primero, estas son de origen natural o espontáneo en cualquier grupo social que avanza en tamaño y complejidad. El biólogo y antropólogo Jared Diamond hace observaciones notables al respecto: las sociedades tradicionales de pequeña escala resuelven sus conflictos de manera conciliatoria o violenta en donde las partes en disputa suelen conocerse. Por su parte, en las sociedades que han avanzado hacia ciertos niveles de complejidad y tamaño, donde las partes muchas veces son extraños, el desarrollo de modelos de justicia por parte de una entidad gobernante (aunque sea incipiente) se convierte en una necesidad. Y de aquella necesidad, la centralización del poder crea por extensión (anterior o posterior a esta misma) un grupúsculo de sujetos que hacen ejercicio del poder emanado de la centralización. Dicho grupúsculo constituye, al menos en términos rudimentarios, una elite más allá de la mera administración del protoestado. En suma, de las elites no nos podemos librar.

En segundo lugar, pareciera que las elites tienen una particular tendencia a la autodefensa. Esto es, la creación de barreras de entrada a sus círculos y el cuidado empeñoso en sus cuotas de poder. Una extensión de esta característica se asocia con la denominada “ley de hierro de las oligarquías” que establece que a pesar de que ciertas elites pueden ser eliminadas, otros tomarán su lugar y al poco tiempo tenderán a crear una nueva elite autodefensiva. De nuevo, las elites son muy porfiadas como para desaparecer.

«No cuestiono que un nuevo texto constitucional pueda dirigir en cierta medida cómo se distribuye el poder en la sociedad, pero no hay manera posible para lograr hacer desaparecer la elite» — Gonzalo Oyanedel, Ingeniero.

Ahora bien, hecho este rodeo de definiciones, ¿qué implicancias tiene todo esto con el debate constitucional? La respuesta que propongo tiene dos niveles: primero, que la cuestión del poder no es un problema en sí mismo sino que es un desafío del acceso a este; y segundo, frente a este sistema la pregunta por el desarrollo de la constitución debe volver a su inspiración original (tan original como la Carta Magna de 1215) en el sentido de que esta se diseña para regular las relaciones de poder entre la autoridad y la ciudadanía (digamos, los poderes formales) como así también entre las distintas capas sociales o entre las elites y el resto de la sociedad. Estos dos niveles responden desde dos frentes a una misma problemática que está enraizada con el disgusto ciudadano: por un lado, la existencia evidente de diferencias de oportunidades brutales que finalmente se cristaliza en el “relato de la desigualdad”, y por otro lado (pero de manera articulada con lo anterior) la diferenciación práctica de la elite del resto de la sociedad que se traduce en “el relato del privilegio”.

La distinción es artificiosa pero funcional puesto que cada una responde a los niveles suscritos del párrafo anterior. El “relato de la desigualdad” se condice con el acceso desigual de la población al ejercicio del poder, y en última instancia, a la elite. No es deseable (ni creíble) que las elites puedan desaparecer pero estas sí se deben hacer permeables, es decir, que la probabilidad de acceder a la elite sean relativamente similar entre los distintos componentes de la sociedad. Es evidente que dicha capacidad de acceso a la elite es función de una serie de factores tales como la educación o las redes interpersonales y en esta línea, las políticas públicas pueden hacer mucho por el primero pero tienen un alcance limitado sobre el segundo. ¿Puede la constitución operar sobre este segundo factor sin pecar de excesiva coerción? Me declaro escéptico pero expectante.

Por su parte el “relato del privilegio” ofrece una extensión interesante del “relato de la desigualdad”. Si la desigualdad tiene que ver con las capacidades de acceso al poder, el privilegio se involucra con las capacidades de ejercicio. Así, la dinámica de la elite se da en una presunta aura de superación del estado de derecho. ¿Es entonces la pertenencia a la elite, mediante el ejercicio del poder, una suerte de bálsamo para los ojos de la ley? No es trivial contestar esta pregunta pero es evidente que desde el 2011 y de manera creciente se ha venido sugiriendo dicha aseveración. Nuevamente soy escéptico de los alcances de la constitución sobre esta posible anomalía.

La nueva constitución no puede hacerse cargo íntegramente de la cuestión de la desigualdad y la cuestión del privilegio porque la naturaleza de estos problemas está más cercana a las dinámicas del poder que a los formalismos legales y a las acciones institucionales. No obstante, una nueva constitución, si se plantea en su idea original como mediadora de las relaciones del poder y la autoridad, y de la elite y la sociedad (y no cómo árbol de navidad para que los grupos de presión cuelguen sus deseos), podría establecer un marco de trabajo de alcance moderado para enfrentar estas problemáticas. Aun así el escepticismo persiste: las elites –aunque cambien su composición—siempre serán imperecederas y en eso no hay problema mientras sean permeables. El problema recae cuando vemos un enemigo en donde no lo hay —cual Don Quijote de la modernidad—, y peor aún, cuando se pierde la capacidad de distinguir el árbol (las elites) del fruto envenado (el poder desmesurado).

«Escriba joven sin miedo, que en Chile nadie lee» Andrés Bello | Ingeniero Civil & Bioquímico.