Responder a esta pregunta resulta relevante, ya que la promesa del actual Gobierno no consistió, meramente, en una vía reformista, sino en la creación de una nueva Carta Fundamental.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

La respuesta puede enfocarse en dos aspectos: contenido esencialmente diferente y origen a partir de un quiebre institucional. El primero podría darse frente a un cambio del régimen de gobierno, por ejemplo, al pasar de un sistema presidencial a uno parlamentario o semipresidencial. También, desde el punto de vista del orden económico, al transitar de un Estado subsidiario a uno de bienestar.

El segundo aspecto se refiere al hecho que las constituciones suelen nacer de graves crisis institucionales. Así ocurrió con el constitucionalismo que superó el antiguo régimen: Independencia de los Estados Unidos, Revolución francesa, e independencias hispanoamericanas. Y así siguió sucediendo con las constituciones occidentales de los siglos XIX y XX, especialmente a partir de golpes de Estado y revoluciones.

Pero ¿cómo podría llegarse a una nueva Constitución después del proceso constituyente que recién se está iniciando?

Desde el punto de vista del contenido, cambiando sustantivamente el sistema político o económico, hoy consagrados en la Constitución.

Fernando Atria sostiene que estaríamos en presencia de una nueva Constitución al eliminar lo que él llama “trampas” o “cerrojos” de la Carta de 1980, destinadas a neutralizar la acción política del pueblo: sistema binominal (ya derogado), quórums de aprobación de las leyes, y control preventivo del Tribunal Constitucional. Agrega que la eliminación de estas trampas “sería la destrucción de la Constitución de Pinochet y su reemplazo por otra democrática”.

Sin embargo, ni Atria ni ningún dirigente de la Nueva Mayoría parecen conformarse con la mera derogación de las “trampas”, sino que aspiran a la creación una nueva Carta desde una “hoja en blanco”. ¿Qué significa esto? No necesariamente la destrucción de instituciones históricas —como la Presidencia de la República o el Congreso Nacional—, pero sí la modificación sustantiva de lo que llaman “el orden neoliberal”.

«Ni Atria ni ningún dirigente de la Nueva Mayoría parecen conformarse con la mera derogación de las “trampas”, sino que aspiran a la creación una nueva Carta desde una “hoja en blanco”» —Valentina Verbal, directora de investigación en Horizontal.

Lo más probable, así como ocurrió con las reformas de 1989 y de 2005, es que se logre llegar a un consenso entre las fuerzas políticas en cuanto a eliminar —o, al menos, atenuar— las trampas señaladas por Atria. Sin embargo, resulta muy improbable que dichas fuerzas se logren poner de acuerdo en una modificación importante del sistema económico. Y aunque la reforma del régimen de gobierno constituye un debate más pacífico, nada indica que se vaya más allá de un acuerdo que modere el presidencialismo reforzado que hoy nos rige, sin que se llegue a un cambio demasiado radical.

Desde el punto de vista de la forma, y dado que el país no enfrenta un quiebre institucional grave (no existe, por ejemplo, un conflicto entre los poderes del Estado), algunos sectores, situados en el ala izquierda de la Nueva Mayoría (tanto dentro como fuera de ella), buscan generarlo mediante la supuesta participación del pueblo a través de una Asamblea Constituyente. A este tema me he referí en una columna anterior.

Pero más importante que todo lo dicho es que la historia constitucional chilena enseña que reformas graduales han producido “nuevas constituciones” de manera sustantiva, aunque no en términos formales. Así pasó, por ejemplo, con las reformas a la Constitución de 1833, que se aprobaron durante la década de 1870, y que implicaron una fuerte atenuación del presidencialismo reforzado, establecido originalmente en dicha Carta.

Por otra parte, esta historia también enseña que la legitimidad de las constituciones chilenas siempre ha surgido del consenso entre las fuerzas políticas relevantes, incluso después de crisis institucionales, como fue el caso de la Carta de 1925. Claramente, este tipo de consenso sólo ha sido posible en el Congreso Nacional, que es el espacio natural para la deliberación política.

Por eso es que, sin descartar de plano el uso del término nueva Constitución, lo determinante para la existencia de un cambio constitucional importante es el contenido y, sobre todo, la existencia de un acuerdo entre las fuerzas políticas principales. Esto, sin embargo, no excluye la presencia de mecanismos complementarios de participación ciudadana. Pero lo cierto es que ningún proceso constituyente se sostiene, únicamente, sobre la base de la mera participación del pueblo, como hoy sostienen —en su mayoría, y cual eslogan publicitario— los promotores de la Asamblea Constituyente.

Historiadora. Consejera de Evópoli y Directora de Investigación de Horizontal.