A seis semanas de las elecciones presidenciales en Argentina, se incrementa el cuestionamiento de su sistema electoral por parte de la oposición y de la ciudadanía, quienes aseguran que es totalmente susceptible de fraude. Tras las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (P.A.S.O.) del 9 de agosto pasado, jornada que se caracterizó por el alto número de denuncias por la falta de boletas de los candidatos de la oposición, se sumó el escándalo de las elecciones del 23 de agosto en la provincia de Tucumán, donde hubo todo tipo de delitos y violencia electoral.

Delitos que fueron desde compra de votos, urnas abiertas (cuyos precintos originales fueron reemplazados), actas con los resultados de los comicios adulterados, personas que practicaban lo que se conoce como suplantación de electores (es decir, emitir el voto, en el lugar de otro elector con su documento), coacción del votante a través del acarreo, compra de votos con la entrega de bolsas de comida y hasta la quema de 42 urnas. Fueron tantas y de las más variadas las denuncias realizadas en la provincia de Tucumán, que pareciera ser que se están esmerando en perfeccionar el fraude electoral en Argentina.

"Pareciera ser que se están esmerando en perfeccionar el fraude electoral en Argentina".

Las denuncias de la oposición y la movilización social, influyeron en la decisión de anular los comicios en Tucumán por parte de la Cámara en lo “contencioso administrativo”. Considerando que en la mayoría de las ocasiones no se toman medidas contra los partidos o candidatos que las cometen, ni existe sanción alguna que desaliente esta práctica que se repite en los distintos distritos electorales del país, los demócratas argentinos festejaron el fallo como señal de esperanza de que no todo está perdido.

Sin embargo, este tipo de acontecimientos, nos recuerdan que el sistema electoral en Argentina es funcional a quienes ostentan el poder. Pues, el oficialismo, ya sea tanto del Frente a la Victoria en Tucumán, como el del socialismo en la provincia de Santa Fe –en lo referido a las elecciones de junio pasado-, cuentan además con antecedentes de denuncias y demoras desde dos hasta tres semanas para llegar a los escrutinios definitivos. Escrutinios con resultados finales que pierden la credibilidad por parte de la ciudadanía a causa de la falta de transparencia y la ausencia de independencia de la justicia electoral.

Ante este panorama de tan alto porcentaje de impunidad del fraude electoral —algo totalmente negado por el Gobierno Nacional—, la oposición insiste en las propuestas de reforma del sistema electoral, como el mecanismo de boleta única que podría reducir considerablemente el porcentaje de incidencia del fraude en los resultados de los comicios. Las sucesivas propuestas parlamentarias presentadas sin éxito en los últimos diez años, incluyen un catálogo de cambios que podrían contribuir considerablemente para mejorar el sistema.

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Aquí se encuentran —entre otras buenas prácticas— el uso de la urna transparente para verificar que no hayan votos antes del inicio de la jornada electoral, el sistema de boleta única para evitar el faltante de boletas de algunos candidatos y la marca de tinta indeleble en el dedo del elector para evitar que vote dos veces (o vote por otra persona). Medidas que no han tenido la aprobación de los parlamentarios oficialistas en la última década. Por lo mismo, mientras no haya una reforma electoral que cuide la voluntad del ciudadano en la etapa electoral y pos electoral, además de los cambios ya mencionados —ya sea una reforma política electoral más integral que considere la participación de candidatos independientes—, la regulación de las coaliciones electorales y la auditoría de los costos de las campañas y de los mismos partidos políticos (entre otras cuestiones que hay que revisar), todo parece indicar que la democracia en Argentina se irá deteriorando.

En lo inmediato, al menos se corre el riesgo de que en las elecciones presidenciales de octubre se repita el escenario de fraude electoral, que haya demoras en el escrutinio que aplace la segunda vuelta y que, incluso, el 10 de diciembre, al terminar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, no se haya proclamado aún el ganador de las elecciones.

Mientras tanto, tras la repercusión de los acontecimientos de Tucumán y como consecuencia de una serie de reuniones con representantes de las distintas fuerzas políticas, la Cámara Nacional Electoral dispuso de 30 medidas temporales para dar transparencia a los comicios de octubre, las que asegurarían la existencia de boletas de todos los partidos en las mesas y la no vulneración de las actas de escrutinio.

De todos modos, para evitar el escenario de fraude mencionado por varios periodistas y analistas políticos, la ciudadanía debe comprometerse aún más en el proceso electoral. La idea es mejorar la fiscalización de cada una de las mesas receptoras de votos, controlar que no exista manipulación ni en las actas de mesa ni en la carga de los resultados en el sistema de cómputos.

Licenciada de Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Salta) y Maestría en Ciencia Política (Universidad Católica de Chile) - Cofundadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia