El parlamento chileno comenzó a debatir un proyecto de ley que busca integrar aspectos legales y éticos en la creación, distribución, comercialización y uso de inteligencia artificial (IA). También trata de asegurar un equilibrio que asegure la protección de los derechos básicos de los ciudadanos sin impedir o impedir innecesariamente el desarrollo y acceso a estas tecnologías.
El proyecto de ley se desarrolló con base en la Ley de Inteligencia Artificial en Europa de 2021 y también se basa en la política de inteligencia artificial publicada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile en 2021, además de reformar la constitución del país para incluir ciencia y el desarrollo tecnológico al servicio del pueblo como principio rector del ordenamiento jurídico chileno.
La propuesta al Congreso chileno establece que “la introducción de esta legislación tiene como objetivo garantizar que la inteligencia artificial sea una herramienta para las personas y una fuerza positiva en la sociedad y que su objetivo final siempre debe ser aumentar el bienestar humano”.
El proyecto de ley consta de 15 artículos y dispone en líneas generales lo siguiente:
- anclar nuevas definiciones, incluida la de inteligencia artificial;
- definir los criterios por los cuales los sistemas de IA serán clasificados como inaceptables o de alto riesgo, prohibiendo los primeros;
- Establecimiento de un Comité Nacional de Inteligencia Artificial dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, encargado de revisar y adaptar las herramientas regulatorias de acuerdo con la evolución de las tecnologías de IA;
- Establecer un mecanismo de licencia antes de proceder con el desarrollo, mercadeo, distribución y uso de sistemas de IA; Y
- Determinar sanciones económicas y sanciones haraam en caso de incumplimiento.
Este movimiento marca el comienzo del progreso de Chile en el desarrollo de herramientas regulatorias para manejar el ritmo del cambio tecnológico. Sin embargo, queda por ver cómo evolucionará el debate legislativo, y es fundamental escuchar las opiniones de las partes interesadas clave, incluida la sociedad civil, el sector privado y la academia, para dar crédito al proceso y promover el propósito del proyecto para garantizar la protección de los derechos fundamentales garantizados por el Estado.
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